Unas 80 ONGD están a la espera de recibir parte de las ayudas comprometidas por Ayuntamientos y Comunidades Autónomas. En total, son cerca de 70 millones en subvenciones que han sido aprobados pero que aún no se han pagado.
A esto se suman otras formas de recortes igualmente graves como el retraso en hasta cinco años de ayudas concedidas, negativa a abonar segundo plazos de proyectos ya en marcha, requerimiento de fondos ya otorgados e, incluso, el no reconocimiento de la deuda contraída.
Estas situaciones están originando graves problemas en el funcionamiento de estas organizaciones que repercuten, especialmente, en la labor desarrollada en los países del Sur.
De esos 70 millones aún por cobrar, más de 33 han sido adelantados por las propias entidades afectadas, con el fin de que, al menos, puedan seguir adelante los proyectos que ya se habían iniciado, para lo que, en la mayoría de los casos, se han visto obligadas a solicitar créditos bancarios que correrán peligro de ser cancelados si las administraciones no cumplen con el pago prometido.
Tal y como alerta la CONGDE, «Si esta práctica no se modifica, el mantenimiento de cientos de proyectos de desarrollo en más de 120 países del mundo corre serio peligro, así como los que se realizan en España en materia de Educación para el Desarrollo. Las consecuencias sobre la vida de miles de personas serían muy preocupantes«.
Esta realidad ha sido expuesta por lo representantes de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España (CONGDE), en nombre de todas las ONG afectadas, ante la Defensora del Pueblo. El organismo, que admitió la denuncia a trámite, afirmó en palabras de Francisco Fernández Marugán que «La situación de indefensión que están viviendo las ONGD es un rubor«.
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