A finales de la década de los ochenta el Estado español deja de recibir ayuda de organismos internacionales y, al incorporarse a la OCDE, se convierte en país donante. La movilización ciudadana desplegada a principios de los noventa a favor de destinar el 0,7% del Producto Interior Bruto (PIB) a la cooperación internacional hizo entender a las administraciones autonómicas, provinciales y municipales el papel y la responsabilidad que tienen en la construcción de un mundo más justo y solidario, implicándose así en políticas de cooperación al desarrollo.
Esto permitió a la sociedad civil de nuestros pueblos y ciudades establecer vínculos de solidaridad y cooperación con organizaciones de los países empobrecidos que, gracias a este apoyo, se podrán involucrar con más medios en la gestión de su propio desarrollo, generando procesos de transformación social en su entorno y participando en el diseño y puesta en práctica de políticas de desarrollo.
Esta modalidad de cooperación, impulsada por las administraciones locales en colaboración con las ONGD, es uno de los rasgos característicos de la cooperación al desarrollo española, compartido solamente con algunos países como Alemania, Bélgica, Italia o Francia.
En esta ficha, de las que ya se han distribuido mil ejemplares entre toda nuestra base social, recogemos algunas de sus características y defendemos su vital importancia, como siempre, de una manera clara, amena y sencilla, con diferentes gráficas para facilitar la comprensión de su contenido.