En marzo de 2019 el Consejo de Cooperación para el Desarrollo anunció la puesta en marcha de un grupo de trabajo cuya misión era la de recabar las opiniones de los distintos actores del ecosistema de la cooperación española. Se entrevistaron a más de medio centenar de personas a pesar de los confinamientos impuestos por la pandemia. Todos estos trabajos desembocaron en un informe que vio la luz un año después, en marzo de 2020, en el que se dibujaba un sistema de cooperación “fragmentado, con una arquitectura institucional poco apropiada, insuficientemente dotado de recursos financieros, técnicos y humanos, con bajas capacidades para la gestión y con limitado peso político y capacidad estratégica”. Así mismo, marcaba como objetivos estratégicos: tener un centro político sólido; reformar la AECID; repensar la cooperación financiera; integrar y potenciar la cooperación descentralizada; y revisar los marcos regulatorios.
De manera paralela La Coordinadora de Organizaciones de Desarrollo había puesto en marcha la maquinaria de comisiones y consultas a sus socias para recoger aportaciones para revitalizar esta política pública. La materia gris del sector se volcó de manera entusiasta en la labor, condensando las aportaciones en el documento Un nuevo sistema de cooperación para transformar el mundo. Se pedía una cooperación que fuera feminista y ecologista, que conectara con la ciudadanía y que respondiera de manera eficaz a las emergencias humanitarias.
Se puso en marcha una subcomisión en el Congreso de los Diputados en la que, nuevamente, se consultó a una amplia lista de representantes del sector para recabar más opiniones. Tras una ardua y poco visible labor de tejido de consensos, salió adelante un trabajado dictamen reclamando al Gobierno una nueva ley que diera respuesta al contexto actual y a los retos futuros. No solo eso, el acuerdo ratificado en el pleno de la cámara aportaba propuestas y señalaba horizontes hacia los que caminar.
Con la llegada del anteproyecto de ley se volvieron a multiplicar los espacios de debate y las comparecencias. 2022 finalizó con la aprobación en las Cortes, prácticamente por unanimidad, de la Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global. Después de su paso por el Senado, el 9 de febrero de 2023 se aprobó definitivamente en el Congreso la norma que viene a sustituir a la de 1998. Un proceso que ha durado casi tres años, que ha recibido multitud de aportaciones, ha forjado consensos y alineado en una dirección clara los esfuerzos para luchar contra el hambre, la pobreza y la desigualdad. Podemos afirmar, sin duda, que se ha renovado una política de Estado con una ley necesaria para que nuestro sistema de cooperación pueda dar respuesta a la complejidad del mundo en el que vivimos.
La ley define un nuevo modelo de cooperación basado en la coherencia de políticas para asegurar una acción más coordinada y más integrada. Por una parte, reconoce el aporte específico de las ONGD como actores fundamentales del sistema de cooperación, otorgando una enorme importancia a las alianzas con la sociedad civil. Por otra, apuesta decididamente por la cooperación descentralizada, la que se hace desde las comunidades autónomas y entidades locales, verdadera seña de identidad de la cooperación española y uno de sus grandes activos.
Por primera vez se establece el mandato legal de alcanzar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta en Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en el horizonte de 2030, una de las más perseguidas reivindicaciones de las organizaciones de la sociedad civil desde aquellas acampadas de mediados de los 90. En 2018, año de la moción de censura al gobierno de Rajoy, la AOD, representaba el 0,19% de la RNB, en 2022 alcanzó el 0,28% y, tras la aprobación de los PGE 2023, se prevé que sea el 0,34%. Nos quedan, por tanto, 6 años para llegar a esa meta.
No obstante, la Ley no es el final del camino, es el punto de partida de una revisión necesaria del sistema español de cooperación para adaptarlo a las nuevas lógicas de la cooperación internacional –más allá del tradicional concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo– y en línea con lo marcado por la Agenda 2030 y lo impuesto por la emergencia climática. En los próximos meses se intensificarán los trabajos para sacar adelante el VI Plan Director. Se elaborará un nuevo estatuto para la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) que la consolide como la piedra angular del sistema y se creará el Fondo de Desarrollo Sostenible para modernizar la cooperación financiera y el resto de los instrumentos de financiación para el desarrollo sostenible.
En 2006 la economista feminista y activista social Amaya Pérez Orozco proponían transitar del concepto de ciudadanía hacia el de cuidadanía, colocando la sostenibilidad de la vida en el centro de la discusión política. Se preguntarán que tiene que ver esto con la recién aprobada ley de cooperación. Les explico. Pensar en clave de cuidadanía nos lleva a visibilizar los cuidados de las personas que hacen mejor la vida de otras personas, mayoritariamente mujeres. Labores que no valoramos, en el sentido económico del término, y que también debiéramos asumir, de manera corresponsable, los hombres. Y esto me da pie para destacar el rol desempeñado por todas mujeres que han “cuidado” de que el proceso de discusiones y debates de tres años haya sido coherente y eficiente.
Pienso en Marta Iglesias que coordinó los aportes de La Coordinadora en diversos espacios, empezando por el Consejo de Cooperación. En Merche Ruiz-Giménez, Filomena Ruggiero y Yedra García por su persistencia en impulsar la cooperación feminista, con todo el apoyo del Grupo de Feminismos. En el trabajo de araña para tejer consensos desplegado por las diputadas socialistas María Guijarro y Belén Fernández o su compañera la senadora Elena de Diego. En los aportes de la diputada María Carvalho Dantas de ERC y su compañera del Senado Ana Surra. Y, como no, en la labor tan apartada de los focos del equipo técnico de La Coordinadora, compuesto al 90% por mujeres. Sin todas ellas hoy no estaríamos celebrando esta necesaria ley.
Publicado el 11 de febrero en Noticias obreras.
